Trabajadoras sexuales en El Salvador


En El Salvador el trabajo sexual es parte de las actividades que se llevan a cabo en el sector informal de la economía. No es una actividad ilícita. Sin embargo, por el alto estigma social que conlleva, carece de reconocimiento social y legal como labor legítima. Por esta razón, quienes lo ejercen deben hacerlo en condiciones de desprotección que les dificulta, incluso, invocar sus derechos fundamentales. Por el carácter clandestino con el que debe ejercerse es imposible tener un número certero de las personas involucradas. No obstante, como señalan las organizaciones de mujeres, la mayoría de quienes laboran en esta actividad son mujeres. Y en las formas más visibles de esta labor, las mujeres viven en condiciones de vulnerabilidad económica. El informe de la organización Movimiento de mujeres orquídeas del mar , publicado en el 2017, recolectó datos con una muestra no representativa de trabajadoras sexuales que arroja luces sobre los perfiles de quienes integran este sector laboral. El informe indica que las trabajadoras sexuales ofrecen sus servicios en espacios cerrados (bares, cuarterías, hospedajes) o espacios abiertos (calles, parques u otros espacios). El perfil de las mujeres entrevistadas que trabajan en espacios cerrados mostró que tienen entre 23 y 29 años de edad. La mayoría tiene educación secundaria. Son madres solteras y tienen en promedio 2 hijos o hijas. Respecto a las mujeres que trabajan en espacios abiertos, el informe muestra perfiles con mayores condiciones de vulnerabilidad.


Los rangos de edad de estas trabajadoras están entre los 30 y 50 años. La mayoría son madres solteras y tiene en promedio un hijo o hija. Alrededor del 20% de las entrevistadas no sabía leer ni escribir. Ambos grupos, trabajan entre 10 a 20 horas semanales y prefieren hacerlo de noche porque durante el día se dedican a las labores domésticas y de cuidado. Ninguna era beneficiaria de algún plan de protección social del estado. Pese a ser un sector con evidentes condiciones de vulnerabilidad social, el estigma sobre el trabajo sexual y sobre quienes lo ejercen, genera una serie de obstáculos para que las mujeres sean conceptualizadas por el estado como sujetas legítimas para la protección social e incluso para invocar derechos. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales, pese a lograr un ingreso económico, no tienen capacidad de acceso a la seguridad social. En eventos de salud o de maternidad no tienen derecho a un subsidio que les permita tener un ingreso mientras no pueden trabajar. Tampoco pueden acceder a una pensión de retiro, ni tampoco inscribir a sus hijos o hijas, ni a sus parejas como beneficiarios de la seguridad social. Otro derecho que les es negado es el de la vivienda. Una trabajadora sexual no puede tener acceso a créditos bancarios o a los programas estatales de vivienda social. Todos estos son derechos a los que las personas en actividades reconocidas como labores legítimas, ya sea en el sector formal o informal de la economía, tienen mayores posibilidades de acceder. Las mujeres en el trabajo sexual, ni siquiera logran acceso pleno a derechos fundamentales como servicios de salud básicos. El informe sobre la situación de derechos humanos de las trabajadoras sexuales, muestra que cuatro de cada diez de las mujeres encuestadas no quisieron ir al hospital o unidades de salud “para no tener que dar explicaciones sobre su trabajo”, y las que sí lo hacen, prefirieron recibir atención lejos de su lugar de trabajo o de su colonia. Una de cada tres fue atendida con hostilidad y a una de cada cinco le negaron la atención por ser trabajadora sexual o las obligaron a hacerse un examen del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para ser atendidas. Esto coincide con lo que Haydee Laínez, fundadora de la organización Guerreras de la noche , explicó sobre su experiencia en los centros de salud cuando ha solicitado una consulta por estar enferma y le ha sido negada por no acceder a hacerse exámenes de VIH y/o Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS). A esto hay que añadirle que el no reconocimiento del trabajo sexual como una labor legítima hace casi imposible que, cuando una trabajadora enfrenta algún tipo de violencias, pueda abocarse a las autoridades para denunciar o pedir protección. Los marcos legales en El Salvador se usan más para perseguir que para proteger a las mujeres que ejercen esta labor.

La pandemia del COVID-19 obligó a los Estados a tomar, casi al mismo tiempo, medidas sin precedentes para intentar contener su propagación y en El Salvador no fue la excepción perjudicando a muchas familias que no tenían la posibilidad de llevar el sustento a sus hogares.

El trabajo sexual, ha sido especialmente afectado por las medidas tomadas por el gobierno para contener al COVID-19. Por las características de la labor - contacto físico y sexual directo con clientes - es una actividad de alto riesgo de contagio. Por eso, el cierre repentino de la economía y el confinamiento obligatorio, impactaron de manera directa y particular en la vida de las trabajadoras sexuales. El gobierno central tomó medidas de corte económico y carácter inmediato para ayudar a la población a sostenerse durante el tiempo de confinamiento. El presidente de la república hizo énfasis en que estas disposiciones estaban dirigidas a los sectores más vulnerables de la población, especialmente a las personas en labores de economía informal. Sin embargo, la falta de transparencia en la rendición de cuentas, por parte de las instituciones encargadas de aplicar las medidas, ha hecho imposible saber el alcance y resultado que estas han tenido. Puede inferirse, no obstante, que por el carácter a corto plazo y de poca organización en la distribución, fueron más bien acciones paliativas de la crisis y sin un enfoque de sostenibilidad a mediano plazo. Dentro de estas, las trabajadoras sexuales, a pesar de conformar uno de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad social, no aparecieron como una prioridad de atención, ni siquiera en los discursos públicos. El no reconocimiento de esta labor como trabajo y la estigmatización que prevalece sobre las personas que lo ejercen, inhibió a las trabajadoras sexuales de poder invocar derechos, aún en una situación de emergencia como la que supone la pandemia de COVID-19. Muchas tuvieron que suspender de manera repentina su trabajo. La falta de protección social provocó que se encontraran rápidamente en necesidad económica, sin posibilidad incluso de poder proveer las necesidades básicas a sus dependientes. Por esta razón, otras decidieron, pese al riesgo de contagio, seguir laborando para generar los ingresos necesarios para mantenerse ellas y a sus familias.

Las trabajadoras sexuales siguen estando expuestas a muchos peligros desde contraer el virus como el COVID-19 o enfermedades de transmisión sexual, ser denigradas por la misma sociedad hasta ser abusadas o asesinadas por los mismos clientes

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/17056.pdf
02/06/2021
Nelson Reyes - Comunicaciones